En una reciente resolución judicial, un juzgado de primera instancia ha declarado la nulidad de una cláusula bancaria relacionada con la comisión por impago de una entidad financiera. El fallo, emitido en febrero de 2025, responde a una demanda interpuesta por un cliente que solicitó la anulación del cobro automático de 35 euros aplicado en caso de posiciones deudoras.
El procedimiento judicial se inició en mayo de 2023, cuando el demandante presentó una acción legal argumentando que la cláusula en cuestión era abusiva. Inicialmente, un juzgado de Sevilla determinó que no tenía competencia territorial sobre el caso, lo que derivó en su traslado a un tribunal en Utrera. Tras la admisión a trámite de la demanda y la presentación de la contestación por parte de la entidad bancaria, el juicio quedó visto para sentencia en febrero de 2024, con la admisión de prueba documental como único medio de acreditación.
En su fundamentación, el tribunal analizó la cláusula impugnada y concluyó que incumplía la normativa bancaria vigente. Para que una entidad financiera pueda cobrar comisiones a sus clientes, debe demostrar que se ha prestado un servicio real y que se han generado gastos efectivos derivados de dicho servicio. Según la resolución judicial, la cláusula en cuestión no especificaba el tipo de gestión que se llevaría a cabo para la reclamación de la deuda ni si realmente implicaba costos adicionales para la entidad.
El fallo citó una sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre de 2019, que establece que las entidades financieras no pueden cobrar comisiones por servicios que los clientes no hayan solicitado o aceptado previamente. Además, según el Banco de España, estas comisiones solo pueden cobrarse si cumplen ciertos requisitos: deben derivarse de gestiones efectivas de reclamación, no pueden aplicarse de forma reiterada por la misma deuda, deben ser de cuantía fija y no automáticas.
En este caso, el juzgado concluyó que la cláusula vulneraba los derechos del consumidor al imponerle la carga de demostrar que la entidad no había realizado gestiones efectivas o que estas no tenían el costo establecido. Esto se considera una práctica abusiva y contraria a la legislación de protección al consumidor.
La sentencia establece la eliminación de la cláusula del contrato sin afectar la validez del resto del acuerdo. Además, impone las costas del proceso a la entidad bancaria, lo que significa que esta deberá asumir los gastos legales derivados del procedimiento.
Este fallo se enmarca en una tendencia judicial que refuerza la protección de los consumidores frente a prácticas bancarias abusivas. En los últimos años, distintos tribunales han declarado nulas diversas cláusulas contractuales que imponían condiciones desproporcionadas a los clientes. La decisión podría sentar un precedente para futuras reclamaciones contra cobros automáticos por impago que no estén debidamente justificados.
Por el momento, la entidad financiera afectada podrá presentar un recurso de apelación en un plazo de veinte días. De confirmarse la sentencia en instancias superiores, el fallo podría tener un impacto significativo en la regulación de las comisiones bancarias y en la relación entre entidades financieras y clientes.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la contratación de productos financieros y refuerza el derecho de los consumidores a exigir condiciones justas en sus acuerdos con los bancos. Con la creciente atención de los tribunales sobre estas prácticas, se espera que las entidades bancarias revisen sus políticas de comisiones para evitar litigios similares en el futuro.
