El 3 de marzo se conoció el dictamen europeo sobre el IPRH. Esta fecha estaba marcada en el calendario por miles de afectados en España. Tras la resolución, las sentencias de IRPH de audiencias provinciales no se han hecho esperar. ¿Con qué resultado? Te lo contamos.
Las audiencias regionales «dan la espalda» a los afectados por el IRPH en segunda instancia
Desde el 3 de marzo, fecha en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, dictara la resolución sobre este índice hipotecario, ha sido turno de las audiencias provinciales. Y con malas noticias para los afectados: estas están dando la razón a las entidades financieras. Con ocho sentencias de segunda instancia, seis de ellas (en provincias diferentes) se han posicionado a favor de los bancos. Otra, además, apenas da margen para que el demandante pueda recuperar su dinero. Estas sentencias en contra se han producido en Cáceres, Huelva, Sevilla, Almería, Alicante, Tarragona y Barcelona.
Sin embargo, existe un halo de esperanza entre los demandantes, ya que en primera instancia sí existe un posicionamiento a favor en 12 sentencias. Estas favorables a los intereses particulares se han dado en Vigo, Ourense, Burgos, Lleida, Guadalajara, Palma de Mallorca y Jaén.
Con una disparidad de opiniones en los juzgados españoles, los propios jueces confiesan que la situación es caótica, más tras el parón por la crisis sanitaria entre marzo y mayo. De hecho, la confusión sobre cómo interpretar el texto europeo ha llevado a un juez barcelonés a plantear una segunda cuestión a Luxemburgo para que aclare algunos términos de la sentencia publicada a principios del mes de marzo por el TJUE. Según este juez, quien inició la consulta internacional hace unos años, “el dictamen es confuso, por lo que debe aclararse más antes de seguir la batalla judicial”.
Tan farragosa fue la sentencia que el día que se dictaminó (con miles y miles de afectados pendientes de la resolución europea) tanto entidades financieras como demandantes la celebraron a partes iguales. Unos veían cómo sus demandas podían prosperar en las audiencias de sus provincias, mientras que las entidades financieras acabaron subiendo en la sesión de bolsa (tras una caída inicial) al considerar que no tenían que hacer frente a grandes pagos por el IRPH.
La sentencia dejaba en manos de las audiencias provinciales la decisión de si las entidades financieras habían actuado con mala praxis, de que si el IRPH es un índice legal. Eso sí, la sentencia recogía para las entidades que, si de verdad se comercializó mal este índice, los bancos únicamente debían sustituir el IRPH Cajas por IRPH Entidades, algo que no conllevaría la devolución del dinero pagado de más por los clientes.
En juego están cerca de 7000 millones de euros, pagados de más según los demandantes en un índice “ilegal”. Una cifra multimillonaria que impactaría fuertemente en las entidades financieras españolas, que deben cumplir exigentes niveles de capital.
A la espera del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo español, según los demandantes, debe pronunciarse en las próximas semanas de nuevo. De momento, los jueces esperan a que esto ocurra para aclarar la situación actual, pese a que el confinamiento por el COVID-19 ha ralentizado el proceso. No obstante, la carga laboral, según los medios de comunicación, no es grande: alrededor de 150 recursos se están estudiando.
Los demandantes confían en que las audiencias provinciales les den la razón, ya que argumentan que han pagado (un millón de personas) un total de más de 7000 millones de euros que no les corresponde. Cabe destacar que el posicionamiento de estas audiencias está siendo mayormente desfavorable a los intereses de los demandantes.
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